Ley de riego: el agua como mercancía

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El Parlamento aprobó con el apoyo de todos los partidos políticos excepto de la Unidad Popular la nueva ley de riego.

Esta iniciativa fue propuesta por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), con el objetivo de fomentar el establecimiento de nuevos sistemas de riego para incentivar el desarrollo de cultivos en Uruguay, principalmente de soja y arroz.

La ley, que modifica la de 1997, habilita a actores privados a invertir en este tipo de emprendimientos, por lo que empresarios nacionales o extranjeros podrán poner el dinero necesario para la construcción de embalses u otro tipo de obras hidráulicas e incursionar en este rubro.

Esto se hace mediante la creación de Sociedades Agrarias de Riesgo (SAR), cuyos capitales pueden provenir de rubros distintos al sector agrícola y podrán también utilizar los beneficios fiscales de la Ley de Promoción de Inversiones.

Tal cual ha quedado aprobada la ley, se aseguran en la misma los fines empresariales y el marco para las inversiones, y se posterga para una futura reglamentación la regulación ambiental, regulación que quedará en manos del propio MGAP.

Esto en un contexto donde desde el propio MGAP se niega que esta ley pueda tener consecuencias medioambientales, argumentando que “hay mucha agua en el país” y según la exposición de motivos presentada, considera que “este proyecto es clave para aumentar la producción y competitividad del sector agrícola”.

Se suma a lo anterior que no está previsto dotar de mayor presupuesto a los organismos de contralor del estado en materia de protección ambiental (DINAMA) y recursos hídricos (DINAGUA), por lo que cuando se pasa de las palabras a los hechos se obtiene que lo que se está dando es la apertura al lucro con el agua y su venta para riego.

Esto contradice el artículo 47 de la Constitución, que en su inciso 2 establece que “Las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviales, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal, como dominio público hidráulico.”

Impacto sobre los cursos de agua

Por un lado no se limita la competencia por los embalses de agua, lo que permite la acaparación aguas arriba de un curso de agua en perjuicio de quienes están aguas abajo en el mismo curso, con la posible consecuencia de que tramos de ríos o arroyos puedan quedar sin agua.

Según la sección Limnología de la Facultad de Ciencias, si bien se pretende garantizar un caudal ecológico, por un lado éste es un valor que debe definirse para cada sistema o subsistema, incluyendo su variación temporal, ya que el régimen natural consiste precisamente en la variabilidad del caudal, incluyendo los pulsos de inundación de los valles fluviales. Por otro lado, a pesar de ciertos avances Uruguay no ha definido aún la forma de calcular dichos valores, por lo que no sería posible garantizarlos.

Pero el efecto ambiental más nocivo es la propia proliferación de embalses para almacenar el agua, ya que los mismos promueven la aparición de cianobacterias, las cuales pueden producir toxinas que terminan por afectar todo el sistema hídrico.

Esto siempre ha tenido como efecto el surgimiento de problemas en la calidad del agua potable, ya que la misma se toma de los mismos cursos de agua, significando un potencial problema para la salud pública, el cual para evitarlo significará un mayor costo para descontaminar el agua para consumo humano. Ese costo será abordado por la empresa estatal de aguas (OSE) a costa del presupuesto público.

Una ley para el capital

Esta nueva ley no busca contemplar soluciones de riego para todos los productores del país ni para diversidad de cultivos, lo cual sería acertado y necesario, sino que se enmarca en la política económica que ha llevado adelante el Frente Amplio, la misma significa un hecho más para favorecer a los grandes capitales y profundizar el rol de nuestro país como exportador de materias primas de escasa elaboración, en este caso concreto de los monocultivos como la soja o el arroz.

Y es que precisamente, los empresarios del agro tienen en el Ministro de Ganadería un representante directo en el gobierno nacional (siendo él mismo un importante empresario arrocero) que no ha hecho otra cosa que representar muy bien sus intereses al proponer esta ley.

Cabe destacar que en el sector de tierras cultivadas para granos, de las 1.600.000 hectáreas cultivadas, un 60% está en manos de solo el 6% del total de productores, entre ellos grupos de capitales extranjeros como SAMAN (del grupo brasilero Camil), Casarone Agroindustrial S.A., Glencore S.A. y Coopar S.A.

Reflejando así una fuerte concentración de las tierras y por ende de la riqueza generada, que marcan ya la pauta de quienes serán los que inviertan en los nuevos embalses y obras hidráulicas para sistemas de riego que permite la ley a través de las “Sociedades Agrarias de Riego”.

Esta nueva ley de riego se enmarca en los lineamientos definidos por el Banco Mundial para Uruguay, que en su informe “Desafíos y oportunidades 2015-2020” indica explícitamente en su página 179 la necesidad de adaptar el marco jurídico (Ley de riego y Leyes de alianzas Público-Privadas) a fin de mejorar las condiciones para la gestión de los planes de riego y crear condiciones para el desarrollo de una nueva generación de proyectos en uruguay (planes de riego a gran escala con infraestructuras de abastecimiento de agua de gran envergadura de múltiples fines)”. [1]

Desde Compromiso Socialista respaldamos la postura expresada en el Parlamento por la Unidad Popular en contra de esta ley que violenta nuestra Constitución y mercantiliza un recursos de todos los uruguayos como lo es el agua.

Reivindicamos la lucha llevada adelante en el 2004 por el pueblo uruguayo que mediante un plebiscito con fuerte apoyo popular estableció el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental. Apoyamos por tanto las acciones que han iniciado distintos actores sociales para revertir lo que el parlamento ha votado, que incluyen la presentación de recursos de inconstitucionalidad de la misma.

Finalmente, y en cuanto al uso del suelo cultivable, entendemos que hace falta un debate sobre la soberanía alimentaria de nuestro país vinculado a un modelo de desarrollo alternativo, que debemos promover entre la fuerza política y las organizaciones sociales involucradas.

 

[1] http://documentos.bancomundial.org/curated/es/992291467993179877/Uruguay-Notas-de-politica-desafios-y-oportunidades-2015-2020


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