Defendamos las empresas públicas

Bienes comunes o mercancías

Los derechos básicos de las personas, en particular el acceso a servicios como agua potable, sanidad, energía eléctrica o comunicaciones, no son elementos que estén asegurados en la economía capitalista. Es más, en un sistema basado en el lucro, los servicios básicos suelen estar siempre en disputa, ya que el acceso irrestricto a los mismos por parte de toda la población significa un freno a la ganancia capitalista en cada una de esas áreas.

En el Uruguay las empresas públicas son también una parte clave en la distribución de la riqueza, ya que las tarifas públicas afectan a la mayoría de la población. Estas tarifas podrían ser bien utilizadas para reducir el costo de vida de los trabajadores, para limitar o penalizar el consumo suntuario y para orientar las actividades económicas.

En el mismo sentido, el carácter estatal de estas empresas permite hacer lo que el capital privado nunca haría: un proceso de inversiones tendientes al desarrollo nacional autónomo, no orientado por la rentabilidad inmediata del capital sino acorde a las necesidades del país y de la población. Esto hace a la forma en que se utiliza el excedente económico de las empresas públicas, en inversiones que incrementen la calidad de los servicios y busquen el acceso universal a los mismos, así como desarrollando tecnologías que no sean dependientes de proveedores extranjeros que luego limitan la capacidad de tomar decisiones propias.

Esto tiene que ver con qué papel deben jugar las empresas públicas en un proyecto político de país, en especial en el Uruguay, donde las empresas estatales han tenido y tienen un rol determinante en la economía nacional.

 

El rol de los servicios públicos uruguayos en los gobiernos progresistas

Originalmente los servicios públicos estaban en manos de capitales extranjeros, franceses e ingleses, fue el gobierno de Batlle y Ordóñez que los nacionalizó creando entes estatales, guiado por una visión histórica que  tuvo como objetivo la ruptura de la dependencia del país,  planteando luego el aumento de la inversión en las empresas públicas.

Sin embargo posteriormente se impuso la política liberal, tanto desde el gobierno dictatorial, así como en democracia en los años 90, con un planteo abiertamente de privatización de los servicios públicos; y también en los gobiernos progresistas contemporáneos, donde el liberalismo se aplica solapadamente, pregonando la necesidad de aumentar las transferencias desde las empresas públicas hacia las rentas generales para equilibrar las cuentas y reducir el déficit fiscal, mientras en paralelo se le exoneran cientos de millones de dólares a empresas privadas. Esta es una visión absolutamente destructora de las empresas públicas, ya que detrás del “resultado fiscal” vienen políticas regresivas que posibilitan el avance del capital privado sobre el patrimonio público.

Esto está ligado a que el gobierno del Frente Amplio ha mantenido el mismo acatamiento a los mandatos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), los cuales tienen como objetivo impedir la expansión del Estado. Son estas recetas las que indican el tope de endeudamiento e inversión pública y particularmente marcan el modo de contabilidad de las finanzas públicas que hoy en día utiliza el Ministerio de Economía y Finanzas.

Este último marca que las inversiones públicas que se realizan sean contabilizadas como gastos en el año fiscal corriente y no se amortizan en el tiempo, lo que determina un desfasaje que genera y aumenta el déficit fiscal, ese que al mismo tiempo el FMI indica que debe bajarse, lo que redunda en limitar la inversión de las empresas públicas.

La actual política económica impone a las empresas estatales como objetivo la recaudación de dinero para equilibrar las cuentas de todo el estado. Esta política niega que las empresas públicas podrían contribuir a desmercantilizar actividades, a reducir el campo del capital y disminuir la dependencia.

 

Tercerizaciones y precariedad laboral

Una consecuencia más del manejo liberal que el progresismo hace de las empresas públicas son las tercerizaciones de personal.

En aras de la reducción presupuestal y la baja de la inversión, en los últimos años se ha ido sustituyendo personal genuino por la contratación de empresas privadas suministradoras de personal.

Inicialmente la tercerización se realizó en las actividades de apoyo, pero en el actual gobierno también alcanzó a parte del proceso específico de cada empresa.  El principal avance se dio en un aumento de los arrendamientos de servicios de obra y la subcontratación de empresas privadas para actividades que antes llevaba adelante directamente el sector público.

Estos funcionan mediante licitaciones donde empresas intermediarias hacen una oferta de “suministro de personal” y compiten entre sí por el precio más bajo, para lo cual deben apuntar al menor salario posible de sus empleados, ya que es su único gasto real.

Así, los entes públicos comienzan a recurrir a contratos de trabajo diferentes a los estándar, temporales o precarios y que impactan negativamente sobre los derechos laborales, dejando en situación de precariedad a cientos de trabajadores.

Los contratos del estado pasan a ser con empresas cuya obligación es suministrar horas de personal, pero que se reservan a sí mismas la selección de los trabajadores y la sustitución de los mismos. Conflictos recientes han estallado en diversas empresas públicas donde los trabajadores dan cuenta de ser sustituidos cuando intentan reclamar por mejoras en sus condiciones laborales.

En concreto en el tercer gobierno del Frente Amplio se decidió dentro de las medidas para reducir el gasto público disminuir los mínimos establecidos en los pliegos de las licitaciones que las empresas tercerizadoras deben pagar a los trabajadores. Esto significa una disminución de los sueldos; aunque las empresas podrían elegir pagar más del mínimo, esto encarece la oferta para ganar la licitación y además los trabajadores por necesidad aceptan hacerlo por el mínimo.

Por un lado, los trabajadores de empresas tercerizadas ganan la mitad o incluso la tercera parte que un funcionario fijo del organismo por desempeñar la misma tarea. Pero además, la situación laboral del trabajador es inestable ya que estas empresas suelen trabajar por licitación a uno o dos años. En este caso, el empleado puede ser contratado por la empresa que gana la nueva licitación, perdiendo la antigüedad; o puede no ser tomado, sin derecho a despido.

A su vez, se va transfiriendo patrimonio público al sector privado, incluyendo ganancias a empresas parásitas que en la mayoría de los casos son filiales locales de empresas multinacionales.

De acuerdo con cifras de Comisión de Trabajo Tercerizado del PIT-CNT, en el Estado hay 120 mil trabajadores tercerizados. En OSE por ejemplo hay 570 trabajadores contratados de un total de 4500 funcionarios, mientras que en la plantilla de UTE hay cerca de 3500 trabajadores contratados de un total de 10500 funcionarios (la tercera parte de los funcionarios son trabajadores contratados).

Como fuerza política de izquierda nos planteamos la defensa acérrima de las empresas públicas y nos oponemos a privatización encubierta que lleva adelante el gobierno.

El liberalismo ha promovido y promueve la mercantilización de todas las actividades humanas, lo que en el caso de los servicios públicos significa un avance del capital privado sobre los mismos, que coloca la ganancia privada por encima del interés público.

Por lo que la defensa de las empresas públicas como tales debe ser siempre un principio firme por parte de un gobierno que pretenda erigirse como representante de los intereses populares.

 

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