UNIDAD POPULAR - LISTA 565

Compromiso Socialista

Violencia hacia las mujeres: exigimos prevención, atención y protección

La situación de violencia que vivimos las mujeres en nuestro país es alarmante. Según los números oficiales del gobierno, en 2018 se registró 1 denuncia por violencia de género cada 13 minutos y 1 mujer fue asesinada cada 9 días.

Esta realidad refleja el lugar que la sociedad le asigna a la mujer, donde es un objeto más de propiedad del hombre. El machismo cubre nuestra sociedad a todo nivel: desde una marcada desigualdad económica, pasando por la cultura, el lenguaje, hasta incluso la participación política de las mujeres.

Sin embargo, en una sociedad dividida en clases como la nuestra, son los patrones, la clase dominante, quien se beneficia en mayor medida de la situación de las mujeres trabajadoras, porque logran sacar mayor lucro de su trabajo: por un lado como parte de la clase trabajadora (al igual que los hombres trabajadores), y por otro, como mujeres. Esta doble explotación la vivimos solamente las mujeres de la clase trabajadora.

En concreto hoy en nuestro país, las mujeres accedemos en menor medida al mercado laboral y lo hacemos a trabajos más precarizados, con peores salarios y condiciones laborales. 1 de cada 3 mujeres jóvenes que busca empleo, no consigue, al tiempo que se extienden los empleos chatarra.

El trabajo del hogar y de cuidados recae en mayor medida sobre las mujeres: dedicamos 2 de cada 3 horas de trabajo diarias, mientras que los hombres dedican 1 de cada 4. A pesar de ser fundamental para el desarrollo de la sociedad, este trabajo sigue sin ser reconocido y está muy desvalorizado.

Esta fuerte discriminación tiene como resultado la situación de violencia que ya describimos, lo que hace urgente tomar medidas que protejan a las mujeres.

En 2017 el gobierno promovió la Ley de Violencia hacia la Mujer basada en Género como una solución a la problemática que vivimos. Sin embargo, al otro año cuando hubo que asignar el presupuesto para que funcionara, y el Poder Judicial pidió 940 millones de pesos para llevar adelante las tareas que se le asignan, se dijo que “nadie avisó que se precisaban recursos extra”, y se asignaron sólo unos pocos pesos al Ministerio del Interior para comprar tobilleras electrónicas. Así, la Ley es aún letra muerta, mientras que miles de mujeres siguen sufriendo violencia machista. Denunciamos esta actitud hipócrita del gobierno en un tema tan sensible para la sociedad.

El estado es responsable de la prevención de la violencia, la atención a las víctimas y las protección de todas las mujeres y sus hijos. Muchas de las situaciones que viven, son evitables si el gobierno destinara los recursos económicos y técnicos necesarios.

Nos comprometemos a promover que el parlamento asigne el presupuesto que el Poder Judicial solicitó para la aplicación de esta Ley, así como dineros para generar suficientes casas de resguardo para que las mujeres víctimas de violencia puedan vivir con sus hijos.

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